Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

“POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY”

 

En 1985 las mujeres de este país conseguimos tener una Ley de aborto.

Insuficiente y tutelada, no equiparable a las de nuestro entorno europeo, y aún peor que la vigente durante la República, pero conseguimos pasar de las aborteras (en muchos casos mujeres solidarias que cumplieron un fin social) y las clínicas en Londres a ser atendidas como merecemos, en la sanidad pública que pagamos todas y todos.

Aquella ley despenalizaba el aborto –sólo lo despenalizaba- en tres supuestos: se permitía el aborto por taras físicas o psíquicas del feto (supuesto eugenésico) hasta la semana 22, junto al supuesto terapéutico (salud de la mujer) y al de embarazo por violación. Cualquier otra razón seguía prohibida.

No es hasta 2010, con el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando pudimos tener una norma más respetuosa con la vida y la dignidad de las mujeres: la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Porque de eso se trata, de que las mujeres tengan una vida sana y maternidad deseada. La interrupción voluntaria del embarazo jamás es una decisión fácil de tomar y siempre precisa de profunda reflexión, por lo que casi nadie lo elegiría como su primera opción. No obstante, cuando una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo lo hará por más cortapisas que se le impongan. Así es desde el principio de la humanidad.

A este derecho se han opuesto desde siempre las distintas Iglesias (en nuestro país especialmente la católica) y la ultraderecha. Nadie más. Pero estos sectores han sido beligerantes desde el principio contra todas las reivindicaciones del movimiento feminista, del movimiento de las mujeres: contra el divorcio, el uso de anticonceptivos, la educación sexual y en igualdad en las escuelas y todo lo que suponga incrementar el grado de libertad y autonomía de las mujeres. Y sin embargo, es así como se evitan embarazos no deseados, contagio de enfermedades y posibles abortos.

La legalización del aborto no obliga a las mujeres a abortar, únicamente otorga el derecho a la mujer embarazada de poder elegir y decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Nuestros cuerpos no son campos de batalla donde las Iglesias y la ultraderecha puedan imponer su hipócrita moral; inflexible para la mayoría de las mujeres, pero siempre modificable para las que disponen de holgados recursos económicos.

Recordemos además que en aquellos países donde esta práctica está penalizada, el número de abortos es más alto, y las cifras de mujeres muertas o con secuelas en clínicas clandestinas son abrumadoras. La reducción del número de abortos en nuestro país no hace más que confirmar estos datos.

Por todo ello queremos expresar nuestra total repulsa a las reformas que este Gobierno insiste en acometer para minorar el derecho de las mujeres de nuestro país a tomar una decisión sobre su salud y su vida tan importante como la maternidad.

Ya en otoño de 2011 el gobierno, por medio del ministro Gallardón comenzó esta cruzada política y sin sentido contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, proponiendo una reforma de la ley de plazos actual que pretendía ser aún más restrictiva que la ley de supuestos de 1985.

Aquel embate lo conseguimos parar pero han seguido intentando contentar a su electorado más ultracatólico y el pasado día 9 han aprobado en el Senado una reforma, convertida ya en la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, que hace a las jóvenes de 16 y 17 años necesitar el consentimiento paterno y materno para la realización de un aborto; es decir, las sitúa en la posición de niñas menores de 16 años o incapaces o incapacitadas, ya que a partir de los 16 años la ley de autonomía del paciente permite a cualquier persona tomar decisiones médicas sobre su salud y su vida. Se lo permite a todos… excepto a las mujeres cuando se trata de decidir sobre su maternidad que, de este modo, se puede convertir en obligatoria.

Menor o no, decido yo.

Durante toda la legislatura hemos estado explicando a quien nos ha querido oír que esta pretensión del Gobierno de modificación de la actual ley del aborto no es ninguna reclamación social, no responde en estos tiempos de crisis a ninguna necesidad objetiva; no contribuye a mejorar el empleo, la salud, la vida de las mujeres y los varones, no.

Forma parte de la ofensiva ideológica que, en todos los ámbitos, pretende dejar a la ciudadanía sin los derechos conquistados con nuestro esfuerzo durante más de 30 años, condenándonos a un retroceso económico y social de décadas.

Por ello, llamamos a toda la sociedad a no consentirlo, a no poner en peligro la vida y la salud de las mujeres.

 

Nosotras somos las que podemos parir, nosotras debemos ser las que tengamos derecho a decidir.

 

Santander, 28 de septiembre de 2015

Comisión por el Derecho al Aborto – Cantabria.